El Congreso recibe la Ley de ‘servicers’

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa está listo para presentar ante el Consejo de Ministros el anteproyecto de ley de administradores y compradores de crédito, más conocido como la Ley de ‘servicers’.

Esta normativa regula las sociedades especializadas en la gestión de créditos dudosos, un sector que creció significativamente tras la crisis financiera como parte del esfuerzo por sanear los balances de las entidades bancarias.

Objetivo: adaptar la directiva europea pendiente

El anteproyecto tiene como finalidad trasponer la Directiva 2021/2167 de la Unión Europea, cuyo plazo de incorporación al ordenamiento jurídico nacional venció el 29 de diciembre de 2023. Para ello, el Ministerio de Economía ha propuesto la modificación de cinco normativas clave:

• Ley de medidas de reforma del sistema financiero
• Ley de contratos de crédito al consumo
• Ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito
• Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario
• Texto refundido de la Ley Concursal

Protección para consumidores vulnerables y límite a los intereses de demora

Una de las principales novedades del texto es el refuerzo de la protección a ciudadanos con deudas impagadas. Entre las medidas clave se incluyen:

• Límite a los intereses de demora en créditos al consumo, que no podrán superar el tipo de interés ordinario más tres puntos porcentuales.
• Protección a consumidores vulnerables (quienes cobran el Ingreso Mínimo Vital, IMV), estableciendo un plan de pagos que congelará nuevos intereses y gastos asociados al préstamo.
• Límite del 5% del IMV en la cantidad que un cliente vulnerable debe destinar al repago de su deuda.
• Quitas en intereses y deuda pendiente, siempre que el cliente cumpla con el plan de pagos acordado.
• Las empresas que compren paquetes de deuda deberán respetar las condiciones originales del préstamo, sin que el deudor vea alterados sus derechos o términos contractuales.
• Se establece un tope a los gastos por reclamación de saldos impagados, que solo podrán reflejar los costos reales soportados por el prestamista y requerirán una notificación previa al deudor.
• La nueva normativa obliga a los prestamistas a ofrecer acuerdos de renegociación antes de iniciar acciones judiciales por impago, modificando la Ley de Crédito Inmobiliario.

Nuevas reglas para tarjetas revolving y amortización anticipada

• El proyecto de ley regula las modificaciones en los tipos de interés de contratos de crédito de duración indefinida, como las tarjetas revolving. Se permitirá a los clientes rechazar las subidas de interés o cancelar el contrato, pagando la deuda bajo las condiciones originales y sin coste adicional.
• También se establecen nuevas condiciones para la amortización anticipada de créditos ligados a la compra de bienes o servicios, clarificando las indemnizaciones aplicables.

Reserva de actividad y supervisión del Banco de España

Uno de los puntos clave de la nueva ley es la reserva de actividad, lo que significa que solo podrán administrar créditos dudosos aquellas entidades que cuenten con una autorización específica y estén supervisadas por el Banco de España.

Sin embargo, en su formulación inicial, el Ministerio decidió excluir a las entidades de crédito y a los establecimientos financieros de crédito de su aplicación. Para estos, solo se exigirán obligaciones en materia de comunicación con los prestatarios y atención a reclamaciones.

Para obtener la autorización del Banco de España, las empresas administradoras de crédito deberán contar con un sistema interno de gestión de reclamaciones y una política de protección al prestatario. Además, estarán sujetas a un régimen de sanciones en caso de incumplimiento.

Transparencia y protección del consumidor

La delimitación del alcance de la ley será fundamental en su proceso legislativo. La normativa europea permite a los Estados miembros ampliar su aplicación a créditos no dudosos, una opción que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha recomendado. La CNMC ha insistido en que los requisitos de transparencia y garantías para los consumidores deberían extenderse a todos los préstamos, no solo a los de difícil recuperación.

Ahora, con el texto listo para su presentación ante el Consejo de Ministros, la reforma financiera encara su siguiente gran reto: el debate parlamentario y la posible ampliación de su alcance antes de su aprobación definitiva.