Dejar de pagar un préstamo puede parecer una salida rápida ante una situación difícil, pero las consecuencias pueden ser graves: intereses de demora, embargo de bienes, inclusión en ficheros de morosos o incluso demandas judiciales. Aunque no es un delito, ignorar la deuda solo empeora el problema. En esta guía te explicamos qué pasa si no pagas un préstamo y qué soluciones legales existen.
Cuando dejas de pagar un préstamo personal, el problema no desaparece: se agrava con el tiempo. Aunque el impago no es delito, sí conlleva consecuencias civiles que pueden afectar seriamente tu estabilidad financiera.
Estas son las principales consecuencias que puedes enfrentar:
Además, si tienes un avalista, él también puede ser reclamado judicialmente y sufrir embargos.
En España, una deuda por préstamo personal prescribe a los 5 años, tal como establece el Artículo 1964.2 del Código Civil. Esto significa que, si en ese plazo el acreedor no realiza ninguna acción formal para reclamarla, ya no podrá exigir legalmente su pago.
Este plazo no corre de forma automática. La prescripción se interrumpe cada vez que:
Cada una de estas acciones reinicia el plazo de 5 años desde cero, por lo que esperar a que la deuda prescriba rara vez funciona como estrategia.
En la gran mayoría de los casos, no pagar un préstamo personal no es un delito en España. Se trata de un incumplimiento civil, no penal. Sin embargo, sí puede haber delito en situaciones excepcionales.
Un impago solo se convierte en delito si hay intención de engañar o defraudar. Esto incluye:
En esos casos, podría aplicarse el delito de estafa (art. 248 del Código Penal) o insolvencia punible, con penas de prisión de hasta 3 o 4 años, según la gravedad.
Cuando dejas de pagar las cuotas de un préstamo personal, la entidad financiera sigue un proceso progresivo que puede derivar en consecuencias legales y económicas importantes. Este es el recorrido habitual:
Desde el primer mes sin pagar, comenzarás a recibir llamadas, correos o cartas reclamando el importe pendiente. Además, se aplican intereses de demora, que hacen que la deuda aumente rápidamente respecto al importe inicial.
Si la deuda no se regulariza, la entidad puede comunicar tus datos a ficheros como ASNEF o RAI. Esto afectará directamente a tu historial crediticio y puede impedirte acceder a nuevos créditos, hipotecas o incluso servicios como líneas de teléfono o seguros.
Si tras varios intentos no hay acuerdo ni pago, el banco puede presentar una demanda judicial. A partir de aquí, será un juez quien decida si procede la reclamación, y en la mayoría de casos se decreta el embargo de bienes o ingresos hasta cubrir la deuda.
El embargo puede afectar a tu cuenta bancaria, tu salario, tu pensión, tu coche o incluso tu vivienda. Si hay un avalista en el préstamo, también puede verse obligado a responder con sus propios bienes si tú no pagas.
Cuando una persona fallece con un préstamo pendiente, la deuda no desaparece automáticamente. Si existen herederos, estos pueden verse obligados a responder por la deuda, pero solo si aceptan la herencia.
Si los herederos aceptan la herencia pura y simple, asumen también las deudas del fallecido, con todos sus bienes presentes y futuros.
Si aceptan la herencia a beneficio de inventario, solo responderán con el patrimonio heredado, sin poner en riesgo su propio patrimonio.
Y si rechazan la herencia, no tendrán obligación de pagar el préstamo.
Además, si el préstamo incluía un seguro de protección de pagos o de vida, la deuda podría quedar cancelada parcial o totalmente si se cumplen las condiciones de la póliza. Es importante revisar ese punto con la entidad bancaria.
Si sabes que no podrás pagar una cuota o que tu situación financiera se está complicando, lo peor que puedes hacer es quedarte quieto. Actuar a tiempo puede evitar consecuencias graves. Lo primero es contactar con tu entidad bancaria. Explica tu situación de forma clara y honesta. Muchas veces están dispuestos a ofrecer soluciones si ven voluntad de pago.
Otra opción recomendable es buscar asesoramiento financiero o legal. Un profesional podrá ayudarte a analizar tu caso, negociar con el banco y valorar alternativas reales. También es importante que reorganices tus prioridades de gasto. Cuando tienes una deuda activa, el pago de esa obligación debe estar por encima de otros gastos prescindibles.
Si la situación ya es insostenible y no puedes llegar a un acuerdo con el banco, existe una vía legal: acogerte a la Ley de Segunda Oportunidad. Esta ley puede permitirte cancelar total o parcialmente tus deudas si cumples ciertos requisitos, como haber actuado de buena fe y demostrar insolvencia real.
En resumen, ignorar el problema solo lo empeora. Cuanto antes tomes el control, más opciones tendrás para evitar embargos, demandas o mayores cargas financieras.
Si tu situación económica es insostenible y no puedes hacer frente a tus préstamos personales, la Ley de Segunda Oportunidad puede ofrecerte una solución real. Se trata de un mecanismo legal que permite a particulares y autónomos cancelar parcial o totalmente sus deudas, siempre que cumplan ciertos requisitos.
Para acogerte a esta ley debes demostrar buena fe, no tener antecedentes penales por delitos económicos y haber intentado llegar a un acuerdo con los acreedores, aunque no se haya conseguido. También es necesario acreditar tu situación de insolvencia, es decir, que realmente no puedes pagar las deudas con tus ingresos o tu patrimonio actual.
El proceso suele comenzar con un intento de acuerdo extrajudicial de pagos. Si este no prospera, se presenta una solicitud ante el juzgado mercantil. A partir de ahí, el juez puede decretar la exoneración total o parcial de la deuda, dependiendo del caso.
Aunque no todos los casos acaban en cancelación completa, muchas personas logran reducir o eliminar sus deudas y recuperar el control de su vida financiera. Por eso, esta ley se ha convertido en una herramienta clave para quienes, pese a sus esfuerzos, no pueden salir del sobreendeudamiento.
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